Estimados amigos y visitantes de la página, esta semana que concluye ha sido una de las más lamentables en la triste y vergonzosa historia de este país. Los hechos políticos más recientes sólo llevan a una terrible conclusión, y es que el llamado Estado fallido, o la dictadura perfecta (Vargas Llosa), o el Estado irresponsable (Recillas), recibió esta semana una estocada que parece fatal. Con la increíble decisión de la Suprema Corte de la Nación de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene competencia en la asignación de las señales de telecomunicaciones y que a quien le compete tal actividad es a la Cofetel (un "ente regulador" que sirve, igual que la Carambina de Ambrosio, para evitar prácticas monopólicas y desleales entre empresas, a todas luces un ente de nivel muy terciario y derivativo, pero que todo mundo sabe obedece a pie juntillas a Televisa), la SCJN declaró tácitamente la muerte del Estado mexicano en asuntos que son, o deberían ser, de su exclusiva competencia. Al hacer esto, Felipe Calderón, el lamentable titular del Ejecutivo que no ata ni desata, el Presidente del desempleo y la pobreza (no lo prometió en campaña, pero vaya que si se ha esforzado en implantar una marca que pocos presidentes de cualquier país podrían presumir, al promediar 2 millones de ciudadanos sumados al año a las filas de la pobreza extrema), bien podría solicitar al Congreso de la Unión que la nueva secretaría que se cierre, por aquello de ahorrarnos dinero, sea precisamente la de Comunicaciones y Transportes, habida cuenta que si ya no tiene vela en el asunto de las concesiones de frecuencias de radio y telecomunicaciones, y dado también que la mayoría de las carreteras han sido concesionadas a particulares (con lamentables resultados), pues en realidad ya no tiene nada que hacer, pues de las dos principales actividades que tenía, de una simplemente se desistió hace años, y de la otra la acaba de relegar la SCJN, así que, ¿para qué sirve una secretaría que en los hechos ya no tiene funciones que cumplir?
Pero más allá de la ironía al respecto, la decisión de la SCJN es en verdad gravísima, y por supuesto que los jilgueros del sistema (profesionales de la genuflexión lingual) se aprestaron a festejar su decisión, la cual sienta un precedente gravísimo, porque en los hechos deja a los ciudadanos en la total indefensión, como veremos. No es exageración. En esta semana que concluye se dieron otras dos cuestiones que muestran el grado de descomposición y desinterés de los actores políticos y empresariales frente a la realidad.
Uno de los temas que ocuparon los titulares de los principales periódicos y medios televisivos fue el hecho, igualmente grave, de los niveles de consumo de productos mal llamados apócrifos, abiertamente piratas, y que según estimación de los especialistas, supera en ingresos incluso al narcotráfico. Entre los sesudos análisis se señaló que el grupo poblacional que más consume esta clase de productos (especialmente DVDs y CDs piratas) es el de menos ingresos, lo cual no es ninguna novedad. En esta misma semana el gobierno federal organizó una reunión para hablar de la pobreza ante los más ricos hombres y mujeres del país, y allí se reveló (lo cual tampoco es una novedad) que millones de mexicanos, que podrían ir de 30 a 40 millones, sobreviven con un salario promedio de un dólar y medio al día, es decir con menos de 20 pesos diarios (un euro diario). La gravedad del asunto es que estamos hablando de casi un 40 por ciento de la población mexicana en edad productiva, hundida en un pozo sin fondo, producto de las políticas estatales y de las mezquinas decisiones empresariales. Cuando se habla de la pobreza, nadie parece pensar ¿cómo es que tantos mexicanos llegaron a ese agujero negro que se alimenta de la economía informal, que es la que evita que esa gente entre en la más absoluta de las desesperaciones? Pero más grave aún, es el hecho de que la solución, que sería darles trabajo digno a través de un salario adecuado, es inviable, pues los empresarios son más sensibles que una virgen cuando de elevar los salarios se trata. Es un tema sobre el que simplemente no quieren hablar, y es un insulto siquiera pretender que se mejoren las condiciones laborales y salariales de los mexicanos, por lo que en realidad no existe una solución real al problema. Los empresarios sólo ven sus barrigas y sus cuentas bancarias y no desean ser perturbados en esa labor de Sísifo.
Aquí, la responsabilidad de empresarios y Estado es compartida. Durante años el empresariado nacional criticó el tamaño del aparato burocrático estatal, y cuando el Estado aceptó reducir su tamaño a través de los tristemente célebres recortes presupuestales que en el sexenio de Miguel de la Madrid, en los albores de los años ochentas, ordenó Carlos Salinas de Gortari (en aquel entonces apodado Recortari) como secretario de Programación y Presupuesto, los empresarios aplaudieron y festejaron el hara-kiri que el gobierno empezó a practicar. Allí nació el Estado irresponsable, como desde aquellos días lo bauticé o el Estado ausente. Miles y miles de burócratas fueron despedidos, y de ellos, un porcentaje altísimo, de más del 80 o 90 por ciento, no fueron re-contratados por la iniciativa privada, por lo que las puertas de la economía informal quedaron abiertas de par en par por la estupidez del gobierno federal y la mezquindad del empresariado mexicano. Hoy, que la mierda les llega arriba de las axilas quieren hallar una solución al asunto, pero el problema es que ya hay en México al menos dos si no es que hasta tres o cuatro generaciones de mexicanos que no tienen experiencia en nada, más que en vender en la vía pública porque, con todo y que no tienen ninguna prestación, ganan más que si trabajaran siendo explotados en una oficina. El asunto es, por supuesto, circular, y nadie quiere asumir los costos de cortar de tajo con el problema. Y mientras eso sucede, entre las ineptitudes y corruptelas del gobierno, y la mezquindad y egoísmo del empresariado nacional, cada día que pasa los problemas se agudizan.
Y frente a estas dos circunstancias, el fascismo apenas disfrazado del panismo comienza a materializarse de manera cada vez más ominosa, y como un acto reflejo de su pérdida de control absoluto frente a los grupos de poder que lo controlan, a este Estado fascistoide lo único que le queda es establecer métodos de control que los nazis y los estalinistas y trotskistas habrían envidiado. Por un lado, la creación del centro de investigación más grande del continente para la supuesta lucha contra el crimen (un búnker de tres pisos subterráneos), y por el otro, la creación de la Cédula de Identidad Cuidadana, una abominación de abierto corte fascista que por un vacío constitucional en ese vago concepto llamado Garantías Individuales, no considera la privacidad del individuo como un derecho irrenunciable sobre la cual ni el Estado ni las autoridades judiciales pueden pasar por alto. Esta pequeño detalle que los constitucionalistas pasaron por alto en los hechos significa que el individuo en México, el ciudadano, tiene derecho a algunas cosas, menos al derecho a la privacidad. Pequeño detalle que incluso en Estados Unidos está protegido (sabemos perfectamente que el ADN de las personas no puede ser tomado sin una orden judicial y sin una causa probable, que debe comprobarse más allá de toda duda razonable; todas ellas cosas que no existen en el turbio y sucio mundo judicial mexicano). La abominación de la Cédula de Identificación Ciudadana sería imposible en un verdadero país de leyes, donde éstas protejan al individuo de cualquier abuso del poder del Estado, como queda establecido en Estados Unidos por la Cuarta Enmienda. En México, en los hechos, no existe tal protección. Es el resultado de una Constitución erigida para proteger al Estado de sus ciudadanos, y no a la inversa. Tan evidente es esto, que mientras en Estados Unidos existe una Carta de los derechos, la célebre Bill of Rights, en México no existe nada ni remotamente parecido.
La Cédula de Identificación Ciudadana es una abominación que sólo un Estado totalitario puede plantear y que ningún gobierno democrático que se respete se atrevería a promover. Es un equivalente invasivo y abusivo del tatuaje que los nazis imponían a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y que equivalía a anularlos como individuos para así eliminarlos físicamente, pues un número es solamente un número, no una persona. Frente a esta abominación de corte abiertamente totalitaria, está de más discutir si el proceso de adjudicación a una empresa extranjera fue opaco e ilegal. Lo verdaderamente ilegal es que se pretenda que el Estado, con todo su poder, me solicite mi adn, el registro del iris de mis ojos, el registro de mi voz, de las venas de mis manos. Esto es la puesta en práctica del Minority report spielbergiano, el Big Brother que ni Hitler ni Stalin soñaron. Y me sorprende que la comunidad judía en México guarde un silencio como de tumba ante un abuso de semejante cariz, habida cuenta de su propia experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Deberían ser los judíos de México los primeros en protestar y alzar la voz (hacerlo en memoria de los millones de judíos que murieron en Auschwitz, Treblinka y demás mataderos masivos; o al menos en memoria de Morris Gilbert, el dramaturgo mexicano que sobrevivió a Auschwitz y conservaba el tatuaje con su número), pero sorprendentemente, han guardado un silencio que no sé exactamente cómo interpretar. Como si quisieran que otros pueblos, además del palestino, experimentaran en carne propia los abusos del totalitarismo, para así poder entender mejor su sufrimiento.
En mi opinión, todo esto es la prueba de algo en verdad ominoso y terrible. Podemos estar viendo el inicio del fin, la claudicación total y absoluta de algo que nunca terminó de ser un proyecto de nación, y del cual hoy empieza su inexorable derrumbe. En efecto, el Estado fallido mexicano llega a su fin. Por terrible que suene, eso es lo que tenemos. Suena espantoso, y muchos pensarán que soy un catastrofista. Pero allí están los hechos: el PAN vendiendo el país a pedazos, tratando de hacer negocios, sin importar si en el proceso condena a la desaparición ciudades enteras, como el caso del agonizante pueblo de Necaxa, fruto de la codicia y la mezquindad del gobierno federal. Y es el primer caso, pero desafortunadamente no es el último. Y los ejemplos comienzan a multiplicarse, y todos tienen el mismo sello del calderonismo: ilegalidad tras ilegalidad: allí está el festinado Presupuesto de Egresos de la federación, anunciado con bombo y platillo en la prensa y en la televisión, pero del cual todavía no aparece su publicación en el Diario oficial. Por algo será.
No nos engañemos, que un grupo aparentemente bastante amplio de la población le vaya más o menos bien no significa que ese sea el país. Literalmente, el país está en ruinas. El campo no produce nada, y lo poco que produce, se vende a Estados Unidos. Como en el Porfiriato, el gobierno vende los recursos del país y el dinero corre a carretadas, pero se queda en pocas manos, mientras el país se desbarata a pedazos, mientras el egoísmo corre por las venas de los ciudadanos como un silencioso virus que conduce a la indiferencia y al “a mí me vale madre todo mientras yo tenga asegurado mi salario y mi techo”, que es un eco de lo que ocurre a nivel gubernamental donde el lema es “¡Después de mí, el diluvio!” y que se ve claramente es la marca del panismo convertido en gobierno.
A 200 años de la independencia, y a cien de la llamada revolución, México no logró nunca ser un país de adultos. Los conservadores que llevaron al país al borde del abismo y la guerra civil en la época de la Reforma, que se ampararon en la ambición del Porfirismo para enriquecerse a costa del hambre de las mayorías, son los mismos conservadores que hoy están conduciendo los destinos del país. Los mismos que vendieron el país a un imperio extranjero en el siglo XIX. Los mismos que hoy se mueven en el Congreso para quitar recursos a la educación y a la cultura; los mismos que le niegan derechos a las mujeres y las envían a prisión cincuenta años por abortar (con la cínica aprobación de una mujer que suele presentarse como una mujer de avanzada y liberal, y que con su proceder ha traicionado a sus congéneres), mientras que en la Corte Internacional de La Haya un genocida obtendría 15 o 20 años. Y detrás de todo ello, está la Iglesia católica y su jerarquía, aprobando, de palabra, obra y omisión, como dice el Credo, todos los abusos que el gobierno promueve —y lo digo con indignación, yo que soy católico—. No son muy diferentes de los pocos jueces y hombres honrados que durante el régimen nazi convalidaron con su presencia todos los abusos que aquéllos cometían.
El país se está cayendo a pedazos, y si algunos salimos adelante es por nuestro esfuerzo individual, pero ¿y qué hay de esos 40 millones, tal vez más, que viven en el total olvido, con un dólar y medio al día? No, es triste decirlo, pero más constatarlo: México fracasó en todo lo que se propuso como nación. No fue nunca un país en serio. Nunca educó a su población, que es analfabestia e ignorante no por gusto sino por decisión de sus gobernantes, que se supieron siempre espurios y no les convenía un pueblo educado e informado. No sacó de la pobreza a millones de mexicanos que viven un infierno y no ven ni verán la suya. Los sistemas de salud del país se están desbaratando, abandonados a su suerte por políticas públicas mezquinas. El campo mexicano agoniza lentamente, y los escasos ejemplos de ejidatarios y campesinos exitosos son más bien extraños, y generalmente venden sus productos al extranjero. La industrialización del país se concentró en unas pocas regiones, y extensas zonas del país viven en el abandono histórico. La educación que el Estado imparte no podría ser más desastrosa, y vergonzosos sus resultados. Y salvo la UNAM, todas las entidades educativas del país, sin excepción, son una vergüenza. El país nunca fue autosuficiente en materia energética, como tampoco lo es alimentariamente. La economía informal, esa que critican los empresarios insaciables y acaparadores, es la última tabla de salvación de millones de mexicanos que no tienen ya opciones para integrarse a la economía formal. Y los servicios que el Estado proporciona son cada vez menos, de más mala calidad, e insuficientes. Todo el sistema que debería formar la estructura de una nación, no sólo sus leyes (que en México son todas una burla) ni sus estructuras políticas, sino aquellas a las que el ciudadano puede acudir cuando necesita apoyos, como la salud, los servicios públicos, así como todos aquellos que deberían sustentar las necesidades básicas de la nación como son la alimentación y la salud, están al borde del abismo, a punto de derrumbarse, y algunas de plano ya lo hicieron hace tiempo.
Lo que hoy vemos es el derrumbe del Estado mexicano, un lento derrumbe que se agudizó hace casi 30 años (y que viene de la crisis del Estado mexicano en 1968), y que se ha ido incrementando conforme pasa el tiempo. Lo que vemos es el fracaso estrepitoso de una nación, de un país que jamás tuvo rumbo, o que lo tuvo por muy breves periodos, y que no tiene ya manera de enderezar la ruta. Y mientras el Estado se protege de sus ciudadanos con un búnker policiaco como no existe otro en el Continente Americano (con excepción de Estados Unidos) y criminaliza a las mujeres que quieren ser libres, y desea imponerle a sus ciudadanos un documento de identidad que a todas luces violenta y viola todo límite de intimidad personal al solicitar que el ciudadano entregue algo que es único e intransferible a través de un procedimiento fascista, los jilgueros del sistema festinan todas estas medidas abusivas del poder Ejecutivo, las justifican, y hasta las ven con buenos ojos. Y frente a todo esto, la Suprema Corte de Justicia se comporta como una institución que no entiende que el bien público empieza por el ciudadano, por el individuo, y que el bien supremo de la nación no consiste en hacer de la autoridad del Estado una mofa, pero tampoco justificar todo abuso de poder. Ante sus recientes resoluciones de los últimos años, ¿qué podemos esperar de ella como individuos cuando la abominación de la Cédula de Identidad Ciudadana se ponga en marcha? Tal vez sólo formarnos para ir al matadero. Porque México ha fracasado en todo. El Estado fallido existió desde siempre, y es consubstancial al origen del México constitucional de 1917. Hoy sólo vemos el triste espectáculo de una nación que no quiso ser nunca independiente, libre, y que nunca quiso que sus ciudadanos lo fueran. Hoy México ha desaparecido. El país en el que vivo, en el que vivimos los mexicanos, es una burla, es un total fracaso. No hay nada, absolutamente nada que celebrar el próximo año.
